Definitiva
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Primero del Municipio Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, ocho de octubre de dos mil siete
197º y 148º

ASUNTO : BP02-V-2007-000251

I
De las Partes y sus Apoderados

Parte Actora: Efrén José Rodríguez, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-1.192.506, domiciliado en la Guaira estado Vargas.
Apoderado Judicial de la parte Actora: Abogado en Ejercicio Luis Beltrán Calderón Mejias venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.957.930 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 15.475.
Parte Demandada: Juarquidia Coromoto Gutiérrez, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.672.875 domiciliada en Barcelona Municipio Bolívar del estado Anzoátegui.
Abogado Asistente de la Parte Demandada: Abogado en Ejercicio Claudia Muñoz, mayor de edad, e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 87.452.
Motivo: Desalojo
II
Síntesis de la Controversia

Alega la parte actora en su escrito libelar en resumen que: “…es propietario de un inmueble el cual identifica suficientemente y que previo a la compra de dicho inmueble el propietario se lo ofreció en venta a la ciudadana Juarquidia Coromoto Gutiérrez, con quien el propietario vendedor tenía un contrato verbal de arrendamiento, cuyo objeto es el mencionado inmueble; la arrendataria manifestó al arrendador propietario que no tenía recursos económicos para comprar dicho inmueble y el arrendador propietario, le manifestó a la arrendataria que le había vendido el inmueble al hoy demandante; pero que le continuara pagando los cánones de arrendamientos, pues así lo había convenido con el comprador y para ese fin depositará las pensiones arrendaticias en una cuenta de ahorros bancaria… que la arrendataria, hoy demandada, depositó los cánones de arrendamiento hasta el 4 de diciembre de 1992, que en fecha 19 de agosto de 1994, falleció el beneficiario de las pensiones arrendaticias y el demandante le manifestó a la arrendataria que continuara ocupando el inmueble, pero que el canon de arrendamiento se lo pagara a su hermano… que la demandada nunca hizo los pagos de las pensiones arrendaticias, a la persona que le indicó el actor propietario. Que la situación de insolvencia de la arrendataria demandada se ha prolongado por un periodo de 14 años y que la demandada le adeuda la cantidad de trescientos treinta y ocho mil bolívares (Bs. 338.000,00) por concepto de 169 mensualidades de arrendamiento a razón de dos mil bolívares mensuales (Bs. 2.000.00) y que por esa razón es procedente el desalojo de la arrendataria del inmueble arrendado…”
A este respecto la parte demandada al momento de dar contestación a la demanda resistió la pretensión procesal de la arte actora alegando en resumen que: “…la prescripción breve establecida en el artículo 1980 del Código Civil la opuso desde el mes de enero de 1993 hasta el mes de abril de 2007… que esta solvente hasta el 2018 o hasta el año 2015… así mismo opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 8º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y seguidamente dio contestación al fondo de la causa rechazando, negando y contradiciendo en todas y cada una de sus partes la pretensión de la parte actora…”
III
Motivos de Hecho y de Derecho

La parte demandada en la oportunidad procedimental fijada para la contestación de la demanda, opuso una cuestión previa y contestó al fondo de la pretensión procesal contenida en la demanda; en virtud de que así lo dispone la norma prevista en el artículo 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. De manera que, en cumplimiento del precepto legal mencionado, el Tribunal pasa a decidir en primer lugar la cuestión previa con los razonamientos y motivaciones siguientes:
La parte demandada alegó la cuestión previa prevista en el ordinal 8º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; alega la demandada que interpuso recurso de apelación en el expediente Nº BH04-X-2005-000053 que cursa por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en la cual el referido Juzgado decretó la perención de la instancia en el juicio de Tercería que propuso en el expediente Nº BH04-V-1997-00003. Como afirma la demandada, la demanda en la cual ella propuso la de tercería tiene por objeto la reivindicación del inmueble que ocupa como arrendataria la demandante en tercería; dicho inmueble es el mismo objeto de litigio en la presente causa, sin embargo, el hecho que ambas demandas tengan por objeto el mismo inmueble, no constituye que exista litis pendencia entre este proceso y la tercería, que cursa por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil de esta Circunscripción Judicial; en efecto, el proceso donde cursa la tercería, tiene por objeto la pretensión procesal de reivindicación; es decir, que en ese proceso el asunto controvertido es la propiedad del inmueble y en este proceso la pretensión procesal es el desalojo del inmueble, por incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento; son pretensiones procesales que no guardan una relación, que las coloca en el plano que debe anteceder, necesariamente, la decisión de la causa donde cursa la tercería, para luego decidir el fondo en este proceso. La decisión que se produzca, en el proceso donde cursa la tercería en la cual fundamente la demandada la prejudicialidad, no constituye un requisito previo, para que se decida el fondo de este proceso; en consecuencia, no existe la figura procesal de prejudicialidad alegada por la parte demandada y por esa razón, se declara SIN LUGAR, la cuestión previa planteada por la parte demandada correspondiente a la prejudicialidad. Así se decide.-
Decisión sobre el Fondo de la Controversia:
La demandada alegó que no celebró contrato de arrendamiento ni verbal, ni por escrito, con la parte actora; respecto al mencionado alegato, observa quien aquí sentencia que, el demandante no afirmó que celebró contrato de arrendamiento con la demandada. El actor afirmó que es propietario del inmueble arrendado, el cual adquirió mediante compraventa que celebró con su señor padre, ahora fallecido, quien se llamó Rogelio Guzmán, quien estaba vinculado con la demandada por un contrato de arrendamiento, cuyo objeto es el inmueble que le vendió a su hijo, Efrén José Rodríguez, hoy demandante; de manera que por decisión de la Ley el contrato de arrendamiento con el nuevo propietario del inmueble arrendado, es decir, la parte actora en este proceso. Así se decide. También alega la demandada que es falso el rechazo a la venta del inmueble que le hizo el arrendador, primigenio propietario, hoy difunto Rogelio Guzmán Jiménez. Es cierto que el demandante alega el referido hecho negado por la demandada; sin embargo, a juicio de quien sentencia, este no es un hecho relevante en este proceso; en virtud que, la única consecuencia jurídica que podría derivarse de la falta de ofrecer el inmueble a la arrendadora demandada, sería que este hiciera uso del retracto legal; pero como la compraventa se realizó el 01 de septiembre de 1989, esta prescrito el derecho para intentar la pretensión de retracto. Así se decide. Alega la parte demandada que no le adeuda monto alguno, por concepto de cánones de arrendamiento a la parte demandante. Por su parte el actor alega que la demandada arrendataria le adeuda la cantidad de trescientos treinta y ocho mil bolívares (Bs. 338.000,00), por concepto de cánones de arrendamiento vencidos. Para decidir este punto el sentenciador hace los siguientes razonamientos: respecto a la pretensión del actor, en cuanto al pago de los cánones de arrendamiento; la parte demandada opuso la prescripción extintiva breve, prevista en el artículo 1980 del Código Civil, de los cánones de arrendamiento correspondientes a los años 1993 al 2004 ambos inclusive y también alegó la prescripción breve de los cánones de arrendamientos que van de todo el año 2005 y 2006 y desde el mes de enero al mes de abril de 2007. El sentenciador considera que, aplicando a caso de especie, la norma prevista en el artículo 1980 del Código Civil, están prescritas las pensiones de arrendamiento correspondiente al periodo comprendido entre el año 1993 y el año 2004, en virtud que transcurrieron más de tres años, desde la fecha que debían pagarse dichos cánones de arrendamiento. No están prescritas las pensiones arrendaticias que corresponden a los años 2005 y 2006, tampoco están prescritas las pensiones de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2007; la razón por la cual no opera la prescripción extintiva de dichos cánones de arrendamiento, es porque no ha transcurrido el tiempo previsto en el artículo 1980 del Código Civil; dicha norma establece que prescribe por tres años la obligación de pagar los atrasos del precio de los arrendamientos, de los intereses de las cantidades que los devenguen, y en general de todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos (subrayado de quien sentencia). Lo que quiere decir la comentada norma ese que se aplica la prescripción extintiva de tres años a todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más corto; es decir que si una obligación debe pagarse anualmente, se aplica esta prescripción de tres años; así mismo, procede esta prescripción breve, para que las obligaciones que deben pagarse por mese, quincenas, por semanas, por días y por horas. Pero, el tiempo para prescribir, es siempre tres años; en otras palabras no se abrevia o reduce el tiempo para prescribir. La demandada alegó y probó el pago de 127 pensiones de arrendamiento; pero dichos depósitos bancarios los realizó a favor del ciudadano Rogelio Guzmán Jiménez, antiguo propietario arrendador, hoy fallecido; no obstante que esta demostrado plenamente, con las declaraciones de los testigos que, la demandada sabia que el ciudadano Rogelio Guzmán Jiménez había fallecido; en efecto los testigos Argenis Ballenilla, Pedro Pérez Espinoza, José Bastardo y Oswaldo Rafael Santana. Respecto a los mencionados testigos, la parte demandada impugnó dicha prueba, “… por no constar en la promoción de pruebas expresamente la dirección de estos…”; observa quien aquí sentencia que la abogado de la parte demandante, pretende revestir la prueba testifical con un requisito que la Ley no contempla; en efecto el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil impone a la parte promovente de la prueba de testigos, que exprese el domicilio de cada uno de ellos, sin embargo, la abogado de la demandada, en una demostración de insipiencia del derecho, confunde domicilio con dirección que son dos conceptos jurídicos distintos. Dichos testigos fueron promovidos de conformidad con la ley procesal, en virtud que el actor expresó en su escrito de promoción el domicilio de cada uno de los testigos y por lo tanto, quien sentencia, le confiere pleno valor a sus dichos. Los mencionados testigos, afirmaron que la demandada tenía pleno conocimiento del fallecimiento de su arrendador y que sabia que el nuevo propietario del inmueble arrendado por ella es el ciudadano Efrén Rodríguez: de manera que los depósitos que realizó la demandada en la cuenta del fallecido arrendador, no la liberan de pago de su obligación arrendaticia. Con fundamento en las razones expuestas, la demandada arrendataria le adeuda al actor demandante las pensiones de arrendamiento correspondiente a los años 2005 y 2006 y los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2007. Así se decide. Otro alegato de la demandada es que no recibió visita del actor, ni del apoderado judicial de éste. Para decidir en cuanto a este punto, considera quien sentencia que el hecho de recibir visita o de no recibir visitas del demandante y de su apoderado judicial; no es un hecho con relevancia para resolver la pretensión procesal objeto de este proceso y en consecuencia, el sentenciador no le concede ningún valor a dicho alegato, ni a las pruebas para confirmarlo o desvirtuarlo. Así se decide. En cuanto al hecho afirmado por el actor que la demandada confesó su insolvencia en la demanda donde cursa la tercería que intentó la demandada en este proceso; quien sentencia considera que la parte demandante no probó que la demandada en este proceso, confesó el hecho de su insolvencia en lo que respecta al pago de los cánones de arrendamiento. En consecuencia el Tribunal decide que la parte demandada no confesó el hecho de su insolvencia, en cuanto a los cánones de arrendamiento que el actor demanda en este proceso. Así se decide. Con respecto a la desocupación del inmueble por parte del arrendatario demandado; quedó establecido y decidido en el presente fallo que la parte demandada, se encuentra insolvente en el pago de las pensiones arrendaticias correspondientes a los años 2005, 2006 y los meses de enero, febrero, marzo, y abril de 2007, es decir veintiocho meses consecutivos de insolvencia; cada uno de ellos a razón de dos mil bolívares mensuales (Bs. 2.000,00) y por lo tanto, adeuda al arrendador, por el concepto mencionado, la suma de cincuenta y seis mil bolívares (Bs. 56.000,00). En consecuencia la situación jurídica de la demandada se subsume en el supuesto jurídico a que se contrae el literal del artículo 34 del decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y por esa razón se ordena que la arrendataria insolvente desaloje el inmueble objeto del contrato de arrendamientos. Así se decide.-
IV
Parte Dispositiva
Sobre la bases de los motivos de hecho y derecho expuestos anteriormente, este Juzgado Primero del Municipio Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión procesal de la parte actora Efrén José Rodríguez, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-1.192.506, domiciliado en la Guaira estado Vargas, quien actuó a través de su Apoderado Judicial Abogado en Ejercicio Luis Beltrán Calderón Mejias venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.957.930 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 15.475 en el juicio que por Desalojo intentare en contra de Juarquidia Coromoto Gutiérrez, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.672.875 domiciliada en Barcelona Municipio Bolívar del estado Anzoátegui, quien estuvo representada por el Abogado en Ejercicio Claudia Muñoz, mayor de edad, e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 87.452. Así se decide.
En consecuencia se ordena DESALOJAR a la ciudadana Juarquidia Coromoto Gutiérrez, antes identificada, el inmueble objeto de litigio ubicado en la calle Maturín, identificado en el Nº 262 Barrio La Aduana de la ciudad de Barcelona, Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui. Así también se decide.
Así mismo se condena a la parte demandada ciudadana Juarquidia Coromoto Gutiérrez a pagar a la parte actora ciudadano Efrén José Rodríguez la cantidad de cincuenta y seis mil bolívares (Bs. 56.000) por concepto de veintiocho (28) meses de cánones de arrendamiento, correspondiente a los años 2005, 2006 y los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2007, a razón de dos mil bolívares cada una de dichas mensualidades. Así se decide.
No hay condenatoria en costas en virtud del fallo dado en la dispositiva. Así se decide.
Notifíquese a las partes de la presente decisión.
Dado, Firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero del Municipio Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación. En Barcelona a los ocho días del mes de octubre del año dos mil siete.
El Juez Suplente Especial,


Dr. José Jesús Ramírez García


La Secretaria Acc.,


Abg. Jorgymar Pumar de Pineda



En esta fecha siendo las 9:08 a.m se dictó y publicó la anterior Sentencia. Conste.-
La Secretaria