REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL

Juzgado Primero del Municipio Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, ocho de octubre de dos mil cuatro
194º y 145º

ASUNTO : BN01-L-2002-000030

Expediente Nº 4402-02
Identificación de las Partes
Parte Actora: LUIS HORACIO PERDOMO LÓPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.576.259 y domiciliado en la ciudad de Barcelona, Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, representado por los abogados en ejercicio YRALETTY PAZO SANDÓ y OSCAR RODRIGUEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 87.414 y 55.051 respectivamente, con domicilio procesal el Escritorio Jurídico Asociación de Abogados de Oriente ubicado en la Calle Bella Vista cruce con Medianía, Local 10-A, Sector Bella Vista, Puerto La Cruz, Municipio Sotillo, Estado Anzoátegui.
Parte Demandada: Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA SAL BAHÍA, C.A., empresa debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui bajo el Nº 9, Tomo 22-A, de fecha 06 de febrero de 1970 y ubicada en la Calle N° 3, Parcelas 26 y 28, Parcelamiento Industrial Barbacoa, Sector Los Potocos, Barcelona, Estado Anzoátegui, representada por abogados en ejercicio RICARDO CASTILLO SERRANO, KARINA RIOS MAC-LELLAN y ANA CAPAFONS MIRANDA, titulares de las Cédulas de Identidad N° V- 12.677.924, 13.639.527 y 12.576.969 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 88.068, 80.867 y 88.161 respectivamente.
Causa: Demanda por Desmejoras Salariales.
Con Informes de la Parte Actora.




Capítulo I
Planteamiento de la Litis:
En fecha ocho (08) de enero de dos mil dos (2002), el ciudadano Luis Horacio Perdomo López, debidamente asistido por las abogadas en ejercicio Yraletty Pazo Sandó y Oscar Rodríguez, presentó por ante el Juzgado Distribuidor de expedientes de ésta Circunscripción Judicial, demanda por INCIDENCIA Y DESMEJORAS SALARIALES, contra la Sociedad Mercantil Distribuidora Sal Bahía, C.A., debidamente representada por los abogados en ejercicio Ricardo Castillo Serrano, Karina Ríos Mac-Lellan y Ana Capafons Miranda, ambas partes identificadas en autos, fundamentando su pretensión en lo establecido en los artículos 449 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuya demanda, previo el sorteo de rigor, fue asignada a este Juzgado para su conocimiento y decisión, siendo ingresada en el Libro de Causas signada con el N° 4.402-02 y admitida por auto de fecha diecisiete (17) de junio de dos mil tres (2003), ordenándose el emplazamiento de la demandada empresa mercantil Sociedad Mercantil Distribuidora Sal Bahía, C.A., en la persona de su Jefe de Relaciones Industriales, ciudadana Pamela Aliaga, librándose al efecto la respectiva compulsa.
Alega la parte demandante, ciudadano Luis Horacio Perdomo López, que desde la fecha veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996), comenzó a prestar sus servicios en la empresa Sociedad Mercantil Distribuidora Sal Bahía, C.A., como chofer del transporte del personal. Señala que devengaba un salario integral diario de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE BOLÍVARES CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (Bs. 8.727,24). Igualmente menciona en su escrito libelar que formó parte del Sindicato de Trabajadores de la empresa Sal Bahía, C.A. desde el año mil novecientos noventa y nueve (1999), tal como lo demuestra el Acta debidamente firmada por sus Directivos y el Ministerio del Trabajo, lo cual le permite gozar de fuero sindical, tal a lo dispuesto en el artículo 449 de la Ley Orgánica del Trabajo. Argumenta, que en fecha seis (06) de octubre de dos mil (2000), la precitada empresa Sal Bahía, C.A. emite le envía una correspondencia en donde entre otras cosas manifiesta textualmente: “Se decide transferirlo para que usted tenga un trabajo más suave sin ningún tipo de desmejoramiento...”, tal como se evidencia del anexo marcado con la letra “B”. Continua narrando, que tal aseveración por parte de la empresa no se ajusta a la realidad, por cuanto tal traslado incidió en una desmejora de su salario integral, en virtud que por más de un año mantuvo un salario integral diario de trece mil novecientos tres bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs. 13.903,58),



(anexomarcado con la letra “C”), como consecuencia del derecho adquirido al trabajar horas extras constantes, añadiendo que tal derecho está contemplado en la Doctrina Administrativa sentada por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo signada bajo el N° 59 de fecha seis (06) de abril de dos mil uno (2001). Manifiesta igualmente, que en fecha cinco (05) de diciembre de dos mil (2000) fue removido de su cargo inicial, pasando al de Chofer de Compras devengando un salario integral diario de ocho mil setecientos veintisiete bolívares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 8.727,49), lo que constituye una desmejora salarial de tres mil setecientos cuarenta y nueve bolívares con treinta céntimos (Bs. 3.749,30). Indica que por las razones precedentes es que acude por ante este juzgado para demandar, como en efecto formalmente lo hace, a la empresa Distribuidora Sal Bahía, C.A., empresa debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui bajo el Nº 9, Tomo 22-A, de fecha 06 de febrero de 1970, para que convengan o sean condenados por este Tribunal al pago de las incidencias salariales y desmejora salarial que se causaron hasta el día seis (06) de diciembre del referido año y lo cual arroja un total de dos millones seiscientos veinticuatro mil seiscientos ochenta y nueve con ochenta céntimos (Bs. 2.624.689,24), tal como se evidencia del anexo marcado con la letra “F”. Solicita la citación de la empresa demandada en la persona de su representante legal, estimando la presente demanda en la cantidad DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs. 2.624.689,24).
Consta de los folios 3 al 171, ambos inclusive, anexos presentados por la parte actora. Datado con fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil dos (2002), auto de admisión de la demanda, ordenando la citación de la empresa demandada en la persona de la ciudadana Pamela Aliaga en su carácter de Jefe de Relaciones Industriales y/o Mario Castillo, en su condición de apoderado judicial. Al folio 173 consta diligencia suscrita por el ciudadano Alguacil de este Juzgado, mediante la cual hace saber que se practicó la citación de la empresa demandada en la persona de la ciudadana Pamela Aliaga, quien sin embargo se negó a firmar el respectivo recibo. Al folio 175 diligencia suscrita por la parte actora pidiendo el avocamiento del Juez a la presente causa. Al folio 176 la parte actora consigna por diligencia poder Apud Acta. En fecha 22 de febrero de 2002, el Tribunal se avoca al conocimiento de la causa. Por diligencia de fecha 26 de febrero de 2002, la parte actora solicita la notificación de la citación de conformidad con lo previsto en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, lo cual es acordado por auto datado 08 de marzo de 2002, materializándose en fecha 21 de marzo del mismo año (folios 178 al 180). Mediante diligencia fechada 08 de abril de 2002, la parte accionada, representada en la persona de su apoderada judicial, abogada en ejercicio Karina Ríos Mac-Lellan, se da por citada en el presente juicio, consignando instrumento poder debidamente autenticado. Consta a los folios 186 y 187 escrito de Oposición de Cuestiones Previas, en el cual se alega la cuestión previa de defecto de forma de la demanda, prevista y sancionada en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la cual fue subsanada mediante escrito presentado por la parte actora, inserto a los folios 188 al 189 y sus respectivo vtos., más anexos que corren insertos a los folios 190 al 199. Consta al folio 200 del presente expediente, escrito de oposición a la subsanación que presenta la parte demandada. Mediante Resolución emanada de este Juzgado en fecha 07 de mayo de 2002, determina que legalmente está subsanada la cuestión previa opuesta.
En fecha 14 de mayo de 2002, la parte accionada da contestación a la demanda año, aceptando como cierto que: El ciudadano Luis Horacio Perdomo López prestó sus servicios como chofer de compras para el momento de la terminación de la relación laboral; que el prenombrado trabajador formaba parte del Sindicato de Trabajadores de la empresa Distribuidora Sal Bahía, C.A.; que el ya nombrado trabajador fue trasladado del cargo de chofer de personal al cargo de chofer de compras, ya que presentaba una dolencia lumbar por efecto de una hernia discal L4-L5 y L5-S1 y que previo examen médico laboral y por recomendación de este, es cambiado de cargo, manifestando que de no obedecer la exigencia del Médico Legista, estaría exponiendo al trabajador a una condición insegura de trabajo; y que laboraba jornadas extraordinarias cuando ocupaba el cargo de chofer de personal. Igualmente niegan y rechazan, que su representada haya desmejorado salarialmente al ciudadano Luis Horacio Perdomo López; que su representada deba cancelar cantidad alguna al trabajador accionante por concepto de jornada extraordinaria, que exista una diferencia salarial de tres mil setecientos cuarenta y nueve bolívares con treinta céntimos (Bs. 3.749,30), y que su representada esté obligada a pagar la cantidad dos millones seiscientos veinticuatro mil seiscientos ochenta y nueve con ochenta céntimos (Bs. 2.624.689,24).
Datado veintiuno (21) de mayo de dos mil dos (2002), la apoderada judicial de la parte accionada, encontrándose dentro de la oportunidad legal, presenta escrito de promoción de pruebas. En la misma fecha la apoderada judicial de la parte actora promueve pruebas en la presente causa. Por diligencia suscrita el día veintidós (22) de mayo de dos mil dos (2002), la parte actora presenta escrito de oposición a las pruebas promovidas por la parte accionante. Por auto datado veintitrés (23) de mayo del mismo año, el Tribunal admite las pruebas promovidas por las partes en juicio, ordenando lo concerniente a los fines de su evacuación. Consta a los folios 234 al 237 Oficios dirigidos al Jefe de Personal de la empresa Sal Bahía, C.A., Inspector del Trabajo de Barcelona, Director del Seguro Social y al ciudadano Richard Antoima, solicitando se de cumplimiento a lo previsto en lo mismos. Se infiere de los folios 232 al 249, deposiciones de los testigos promovidos por las partes. Al folio 252 consta diligencia presentada por la parte actora solicitando la devolución de los originales marcados con las letras “I”, y “J”, previa certificación en autos, lo cual es acordado por el Tribunal (folios 253 al 262). Al folio 263 se evidencia Oficio emanado del Hospital César Rodríguez de los Seguros Sociales dando respuesta a este Juzgado sobre lo peticionado en autos. El día diez (10) junio de 2002 el testigo promovido, ciudadano Richard Antoima, ratifica el documento promovido en cuanto a su contenido y firma. Consta a los folios 269 y sus respectivos vtos, informe presentado por el apoderado judicial de la parte demandante. Al folio 271 consta misiva de la empresa Distribuidora Sal Bahía, C.A., manifestándole su imposibilidad de cumplir con la solicitud de este Juzgado. Mediante oficio fechado 18 de junio de 2002, el Tribunal acuerda oficiar nuevamente al a empresa Distribuidora Sal Bahía C.A., corrigiendo el error involuntario anterior. Por diligencia que corre inserta al folio 273 la parte actora pide se oficie nuevamente a la Inspectoría del Trabajo, lo cual se realiza mediante oficio de fecha dos (02) de julio de 2002. Al folio 275 correspondencia emanada de la empresa Distribuidora Sal Bahía, C.A., dando contestación a lo peticionado por el Tribunal. En fecha 28 de abril de 2003 la parte actora solicita el avocamiento del Juez a la presente causa, lo cual se materializa mediante auto datado 23 de mayo de 2003, dejando constancia que la causa se reanudara una vez transcurrido lo plazo estipulado en los artículo 14 y 90 del Código de Procedimiento Civil. Consta a los folios 285 y 286b diligencia suscrita por el ciudadano Alguacil Temporal de este Juzgado manifestando expresamente la notificación del avocamiento del Juez al presente juicio.
Capítulo II
Valoración de las Pruebas
Pruebas promovidas por la parte Actora:
Primero: Reproduce el mérito favorable que se desprende de autos en cuanto beneficien a su representado. Es criterio de quien suscribe, que estos alegatos no constituyen prueba alguna y como tal se desecha, pero que a tenor de lo preceptuado en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, debe ser analizado para su valorización; y Así se resuelve.
Segundo: Invoca a favor de su representado el Principio de la Comunidad de la Prueba para el supuesto caso que la contraparte pruebe algún hecho que lo beneficie, pero omite señalar hechos concretos en los cuales pueda sustentar su pretensión. Al respecto quien decide debe recalcar con el mayor respeto, que el Juez tiene como función principal la de administrar justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y con fundamento a lo establecido en Constitución Nacional y las leyes y; si bien es cierto que el precitado Principio de la Comunidad de la Prueba lo faculta para valorar indistintamente las probanzas llevadas por las partes al proceso, no puede a motus propio determinar que hechos considera favorables a una de las partes, y mucho menos extraer aquellos hechos no alegados a favor de uno u otro contrincante por que se haría parte en el juicio; y Así se establece.
Tercero: Promueve, reproduce y ratifica en todas y cada una de sus partes a todo evento, para que surtan los efectos legales pertinentes el libelo de demanda con su respectiva subsanación. Al respecto, se evidencia de autos que en fecha 07 de mayo de 2002, este Juzgado consideró subsanadas las cuestiones previas opuestas por la parte accionada; y, en la sentencia de mérito resolverá si los hechos alegados por el accionante producen las consecuencias jurídicas por él solicitadas; y Así se decide.
Cuarto: Promueve, reproduce y ratifica en todas y cada una de sus partes a todo evento, para que surtan los efectos legales pertinentes, el contenido de la Doctrina Administrativa emanada de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo de fecha 06 de abril de 2001, la cual indica que “...cuando el trabajador presta servicios en horas extraordinarias, de manera habitual, la remuneración de éstas, forma parte del salario normal y por ende su valor debe ser tomado en consideración para el pago de derechos, beneficios e indemnizaciones laborales. A éstos efectos deben estimarse el promedio de lo percibido por dicho concepto en el año inmediato anterior al momento en que se causen los respectivos derechos, beneficios e indemnizaciones”. Este Juzgado le da el valor probatorio que se infiere de la presente providencia administrativa, la cual aun no encajando en la definición del documento público contemplado en el artículo 1.357 del Código Civil, posee el efecto probatorio ya indicado, en razón de que emana de funcionarios públicos que cumplen atribuciones que les ha conferido la ley, teniendo una presunción de certeza que el interesado debe desvirtuar, así como el mérito que tiene de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.375 del Código Civil; y ya que en la presente causa no fue impugnado, desconocido o tachado, surte pleno efecto como documento probatorio; y Así se decide.
Quinto: Promueve, reproduce y ratifica en todas y cada una de sus partes a todo evento, para que surtan los efectos legales pertinentes los anexos marcados con las letras “G” y “H”, anexos al escrito de subsanación de las cuestiones previas, así como los anexos presentados conjuntamente con el libelo de demanda. De tal manera, este Juzgador pasa a valorarlas en el tenor siguiente: a) Copias certificadas marcadas con la letra “A” y consignados con el libelo de demanda, emanadas de la Inspectoría del Trabajo del Estado Anzoátegui, a los fines de demostrar que gozaba de fuero sindical. Al respecto y a los fines de valorar la presente prueba, éste Juzgador observa que la parte accionada en su escrito de contestación de la demanda admitió que el trabajador formaba parte del sindicato de trabajadores de la empresa, le otorga todo el mérito probatorio que se infiere de la presente actuación administrativa, la cual aun no encajando en rigor en la definición del documento público contemplado en el artículo 1357 del Código Civil, tiene de todos modos el efecto probatorio ya indicado, en razón de que emana de funcionarios públicos que cumplen atribuciones que les ha conferido la ley, teniendo por lo tanto una presunción de certeza que el interesado debe desvirtuar, así como el mérito que tiene de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.375 del Código Civil; y como en la presente causa no fue impugnado, desconocido o tachado, surte pleno efecto como documento probatorio; y Así se decide; b) Correspondencias marcadas con las letras “B” y “D”, dirigidas por el patrono al trabajador en la cual le participa que ha sido transferido como chofer del área de compras motivado al problema de salud que aquejaba al trabajador. El patrono, en respuesta a Oficio enviado por este Despacho admite la remisión de la misiva motivado al problema de salud que presentaba el trabajador, y como en su escrito de contestación de la demanda, la parte accionada no negó, rechazó o contradijo la epistolar consignada por el trabajador, es imperativo admitir y valorar como cierta anterior prueba promovida por la parte actora en el presente juicio; y Así se decreta; c) Consignó marcados con las letras “E” y “F”, recibos de pago y planilla emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Anzoátegui, que rielan desde el folio 15 al folio 170, como evidencia de que su cargo era Mecánico III (Departamento de Choferes), y que hubo una variación o desmejora de salario. Al respecto y a los fines de valorar la prueba referente a los recibos de pago, considera este Tribunal, en razón que en el presente proceso no fueron impugnadas, desconocidas o tachadas, surten pleno efecto como documento probatorio, tal a lo dispuesto en el artículo 1.355 del Código Civil vigente y 429 del Código de Procedimiento Civil; y Así de decide; en cuanto al cálculo realizado por la Inspectoría del Trabajo del Estado Anzoátegui, se le concede actuación administrativa el mérito probatorio que de ella emana, aun no encajando en rigor en la definición del documento público contemplado en el artículo 1357 del Código Civil, tiene de todos modos el efecto probatorio ya indicado, en razón de que emana de funcionarios públicos que cumplen atribuciones que les ha conferido la ley, teniendo por lo tanto una presunción de certeza que el interesado debe desvirtuar, así como el mérito que tiene de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.375 del Código Civil; y como en la presente causa no fue impugnado, desconocido o tachado, surte pleno efecto como documento probatorio; y Así se decide.
Sexto: Promueve, reproduce y ratifica en todas y cada una de sus partes a todo evento, para que surtan los efectos legales pertinentes los anexos marcados con las letras “G” y “H”, que se encuentran anexos al escrito de subsanación de las cuestiones previas, con la finalidad de que se tome en consideración los beneficios logrados por trabajadores de otras empresas con relación a los reclamos de impacto en las horas extraordinarias en el salario normal. Al respecto y a los fines de valorar la presente prueba, éste Juzgador le da el mérito probatorio que se infiere de la presente actuación administrativa, la cual aun no encajando en rigor en la definición del documento público contemplado en el artículo 1357 del Código Civil, tiene de todos modos el efecto probatorio ya indicado, en razón de que emana de funcionarios públicos que cumplen atribuciones que les ha conferido la Ley, teniendo por lo tanto una presunción de certeza que el interesado debe desvirtuar, así como el mérito que tiene de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil; y como en la presente causa no fue impugnado, desconocido o tachado, surte pleno efecto como documento probatorio; y Así se decide.
Séptimo: Promueve las testimoniales de los ciudadanos Anabel Hurtado, Hilario Canache, Edgar García, Miranda Rodríguez y Pedro Montilla. Así mismo, solicitó de conformidad con lo preceptuado en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, la citación del Inspector del Trabajo del Estado Anzoátegui, ciudadano Richard Antoima, a los fines de que ratifique el documento marcado con la letra “F”, para que rindan declaraciones sobre los hechos objeto de la controversia que se ventila por ante este Juzgado, para lo cual se fijó la oportunidad para las deposiciones.
Octavo: Promueve, reproduce y ratifica en todas y cada una de sus partes a todo evento, para que surtan los efectos legales pertinentes el contenido del Auto emanado del Ministerio del Trabajo en el cual ordena el reenganche y pago de beneficios laborales y colectivos al trabajador, así como el Recurso Jerárquico interpuesto, ambos marcados con la letra “I”, y ya que en este proceso no fueron impugnados, desconocidos o tachados, surten plenos efectos como documentos probatorios; y Así se establece.
Noveno: Consigna Oficio S/N, emanado de la Inspectora del Trabajo del Estado Anzoátegui Doctora Luisa Bustamante, de fecha 24 de abril de 2000, dirigida al Médico Legista de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Anzoátegui, para que se sirva examinar al trabajador Luis Perdomo, rindiendo el Informe correspondiente firmado por el Dr. Diego Medina, quien remite a ver Informe Médico elaborado por el Dr. Daniel García, Neurocirujano, ambos marcados con la letra “J”. Estos documentos, no fueron impugnados, desconocidos o tachados, motivo por el cual tienen pleno valor probatorio; y Así decide.
Décimo: Promueve la prueba de informes, de conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual solicita se oficie al Seguro Social, a la Inspectoría del Trabajo del Estado Anzoátegui y a la empresa Sal Bahía, C.A., para lo cual este Juzgado proveyó lo conducente.
Pruebas promovidas por la parte Demandada:
Primero: Reproduce el mérito favorable que se desprende de los autos del presente expediente. Al respecto, considera este Sentenciador que éstos alegatos no constituyen en ningún caso medio de prueba alguno, motivo por el cual es obvio desechar los mismos por ser improcedentes; y Así se decide.
Segundo: Promueve y consigna marcados con las letras “A”, “B”, “C”, “D” y “E”, a los fines de demostrar que el ciudadano Luis Horacio Perdomo padecía una enfermedad no profesional (Hernia discal), que le imposibilitaba continuar desempeñando el cargo de chofer de autobús, lo que originó su transferencia: a) Informe Médico ordenado por la Inspectoría del Trabajo y realizado por el Médico Laboral Doctor Alberto Marcano Rosas; b) Resultado de examen médico de Medicatura Legista del Ministerio del Trabajo Doctor Diego Medina y ordenado por la Inspectora del Trabajo ciudadana Luisa Bustamante, a fin de dictaminar incapacidad del trabajador. Al respecto y a los fines de valorar la presente prueba, éste Juzgador le da el mérito probatorio que se infiere de la presente actuación administrativa, la cual aun no encajando en rigor en la definición del documento público contemplado en el artículo 1357 del Código Civil, tiene de todos modos el efecto probatorio ya indicado, en razón de que emana de funcionarios públicos que cumplen atribuciones que les ha conferido la ley, teniendo por lo tanto una presunción de certeza que el interesado debe desvirtuar, así como el mérito que tiene de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1375 del Código Civil y al no ser impugnado, tachado desconocido surte pleno efecto probatorio; y Así establece; c) Informe Médico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales suscrito por el Doctor Daniel García (Neurocirujano); d) Resultado del examen de resonancia magnética suscrito por el Doctor Oscar Solís, y como esta evidencia que no fue tachada, impugnada o desconocida por la parte demandada en la oportunidad de ley, razón por la cual, quien sentencia, la aprecia en su justo valor probatorio y le otorga pleno valor, dando su contenido como probado y por lo cual, forzosamente debe ser tenido como cierto por éste Tribunal, produciendo los efectos legales pertinentes que de su contenido se evidencia; y Así se decide; y, e) Comunicación dirigida al trabajador Luis Horacio Perdomo suscrita por la Inspectora del Trabajo del Estado Anzoátegui ciudadana Luisa Bustamante, la cual se explica por sí sola.
Respecto a los literales a), c) y e) de este capítulo, promovidos por la parte demandada en su escrito de promoción de pruebas, fueron rechazadas, negadas y desconocidas a todo evento, en todas y cada una de sus partes por la parte actora, sin que la accionada insistiera en ratificar su contenido para desvirtuar la impugnación ejercida por la accionante. Por consiguiente, le corresponde a quien decide valorar la presente prueba sirviéndose de los elementos que constan en autos, y a tal efecto tomamos como norte el contenido del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que establece en su primer aparte que “(...) el Juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones ni argumentos de hecho no alegados ni probados (...) En la interpretación de los contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe”. La regla legal transcrita debe entenderse en concordancia con el artículo 507 eiusdem, que ordena que “A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarlas según las reglas de la sana crítica”; lo que nos obliga sobre la base de las consideraciones precedentes a desglosar minuciosamente los hechos y probanzas alegados por las partes en el proceso; en tal sentido se observa que la pretensión de la parte demandante está fundamentada sobre la base de un supuesto desmejoramiento salarial y los referidos Informes tanto médicos como de la Inspectoría del Trabajo fueron solicitados por la parte actora, desconociendo, rechazando e impugnando posteriormente las pruebas documentales llevadas al proceso por la parte accionada, sin que la demandada insistiera en su valor probatorio, ni demostrara la autenticidad de los mismo, bien mediante la prueba de cotejo o a través de la ratificación de la testimonial de los testigos promovidos. En consecuencia y de conformidad con los artículos 1.365 del Código Civil y 12, 429 y 507 del Código de Procedimiento Civil, se desestima el valor probatorio emanado del documentos consignados en el escrito de promoción de pruebas e indicados en los puntos a), c) y e); y Así se decide.
Tercero: Promueve la testimonial de los ciudadanos Joely Santos, Ramón Guacarapana y Carlos Morillo, para que rinda declaración sobre los hechos objeto de la controversia que se ventila por ante este Juzgado, para lo cual este Despacho fijó la oportunidad para las deposiciones.
Capítulo III
Motiva
La pretensión procesal de la parte accionante, ciudadano Luis Horacio Perdomo López, se circunscribe a INCIDENCIAS Y DESMEJORAS SALARIALES, contra la Sociedad Mercantil Distribuidora Sal Bahía, C.A., fundamentando su pretensión en lo establecido en los artículos 449 de la Ley Orgánica del Trabajo. Alega la parte demandante, ciudadano Luis Horacio Perdomo López, que desde la fecha veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996), comenzó a prestar sus servicios en la empresa Sociedad Mercantil Distribuidora Sal Bahía, C.A., como chofer del transporte del personal. Señala que devengaba un salario integral diario de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE BOLÍVARES CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (Bs. 8.727,24). Igualmente menciona en su escrito libelar que formó parte del Sindicato de Trabajadores de la empresa Distribuidora Sal Bahía, C.A., desde el año mil novecientos noventa y nueve (1999), tal como lo demuestra el Acta debidamente firmada por sus Directivos y el Ministerio del Trabajo, lo cual le permite gozar de fuero sindical, tal a lo dispuesto en el artículo 449 de la Ley Orgánica del Trabajo. Argumenta, que en fecha seis (06) de octubre de dos mil (2000), la precitada empresa Distribuidora Sal Bahía, C.A., le envía una correspondencia en donde entre otras cosas manifiesta textualmente: “Se decide transferirlo para que usted tenga un trabajo más suave sin ningún tipo de desmejoramiento...”, tal como se evidencia del anexo marcado con la letra “B”. Continua narrando, que tal aseveración por parte de la empresa no se ajusta a la realidad, por cuanto tal traslado incidió en una desmejora de su salario integral, en virtud que por más de un año mantuvo un salario integral diario de trece mil novecientos tres bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs. 13.903,58), (anexo marcado con la letra “C”), como consecuencia del derecho adquirido al trabajar horas extras constantes, añadiendo que tal derecho está contemplado en la Doctrina Administrativa sentada por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo signada bajo el N° 59 de fecha seis (06) de abril de dos mil uno (2001). Manifiesta igualmente, que en fecha cinco (05) de diciembre de dos mil (2000) fue removido de su cargo inicial, pasando al de Chofer de Compras devengando un salario integral diario de ocho mil setecientos veintisiete bolívares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 8.727,49), lo que constituye una desmejora salarial de tres mil setecientos cuarenta y nueve bolívares con treinta céntimos (Bs. 3.749,30). Indica que por las razones precedentes es que acude por ante este juzgado para demandar, como en efecto formalmente lo hace, a la empresa Distribuidora Sal Bahía, C.A., empresa debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui bajo el Nº 9, Tomo 22-A, de fecha 06 de febrero de 1970, para que convengan o sean condenados por este Tribunal al pago de las incidencias salariales y desmejora salarial que se causaron hasta el día seis (06) de diciembre del referido año y lo cual arroja un total de dos millones seiscientos veinticuatro mil seiscientos ochenta y nueve con ochenta céntimos (Bs. 2.624.689,24), tal como se evidencia del anexo marcado con la letra “F”. Solicita la citación de la empresa demandada en la persona de su representante legal, estimando la presente demanda en la cantidad dos millones seiscientos veinticuatro mil seiscientos ochenta y nueve con ochenta céntimos (Bs. 2.624.689,24).
En fecha 14 de mayo de 2002, la parte accionada da contestación a la demanda año, aceptando como cierto que: el ciudadano Luis Horacio Perdomo López prestó sus servicios como chofer de compras para el momento de la terminación de la relación laboral; que el prenombrado trabajador formaba parte del Sindicato de Trabajadores de la empresa Distribuidora Sal Bahía, C.A., desde el año 1999; que el ya nombrado trabajador fue trasladado del cargo de chofer de personal al cargo de chofer de compras y que laboraba jornadas extraordinarias cuando ocupaba el cargo de chofer de personal. Igualmente niegan y rechazan, que su representada haya desmejorado salarialmente al ciudadano Luis Horacio Perdomo López, que su representada deba cancelar cantidad alguna al trabajador accionante por concepto de jornada extraordinaria, que exista una diferencia salarial de tres mil setecientos cuarenta y nueve bolívares con treinta céntimos (Bs. 3.749,30), que su representada deba cancelar cantidad alguna al trabajador accionante y que su representada esté obligada a pagar la cantidad dos millones seiscientos veinticuatro mil seiscientos ochenta y nueve con ochenta céntimos (Bs. 2.624.689,24).
En fecha 28 de mayo de 2002, siendo fecha y hora para que rindieran testimoniales las personas citadas por las partes promoventes, estando presente los apoderados judiciales de las partes, se evacuaron las testimoniales de los ciudadanos Ramón Guarapana, Carlos Morillo, Joely Santos, Anabel Hurtado, Hilario Canache, Edgar García y Miraira García, suficientemente identificadas en autos, quienes manifestaron no tener impedimento para declarar. Antes de desglosar las testimoniales rendidas por los testigos promovido, éste Juzgador considera pertinente transcribir en extracto, lo preceptuado en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
“Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido aún aquellas que a su juicio no fueran idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto a ellas ” (Negrillas del Tribunal).
Del texto transcrito se desprende, que el legislador estableció perfectamente la obligación que tiene el Juzgador, de analizar todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes en juicio, y determinar en forma por demás clara, cual es su criterio y el valor probatorio respecto a la misma. Es evidentemente lógica la posición asumida por el legislador, pues ella está directamente vinculada con la garantía constitucional del derecho a la defensa y derivará en la admisión o rechazo por parte del sentenciador de los pedimentos reclamados por quien se dice titular del derecho.
Concretamente, en lo que se refiere a la apreciación de la prueba testimonial, es deber de los jueces expresar los elementos intelectuales mínimos que le han servido para valorar esta prueba y en este sentido es imprescindible que se indique, así sea en forma resumida, los particulares acerca de los cuales fueron repreguntados los testigos, las respuestas que dieron así como también los hechos pertinentes que el sentenciador da por demostrado con la evacuación de dicha prueba, todo ello a los fines de declarar si la acción o la excepción ha sido bien fundamentada en los hechos.
Los testigos promovidos por la parte actora, son contestes en que conocen de vista, trato y comunicación al trabajador Luis Horacio Perdomo; en que trabaja en la empresa Distribuidora Sal Bahía, C.A.; en que ocupaba el cargo de chofer de personal y que fue transferido como chofer de compras; que fue desmejorado en su trabajo por parte del patrono; que ellos son miembros del sindicato de la empresa Distribuidora Sal Bahía, C.A., sindicato en el cual el actor es directivo; que trabajaba horas extraordinarias; y, que ninguno conoce el motivo por el cual fue transferido; y Así se deja establecido.
En el caso de marras, los testigos promovidos por la parte demandada son contestes en que conocen al trabajador demandante, en que tienen conocimiento de que fue transferido del cargo de chofer de personal a chofer de compras. Son contestes los testigos Carlos Morillo y Joely Santos en que el trabajador fue transferido por orden medica y/o informe de la Inspectoría del Trabajo; y, en cuanto a los demás puntos de controversia, solo poseen un conocimiento referencial de los hechos; y Así se decide.
Ahora bien, le corresponde a este Despacho dilucidar la controversia surgida sobre si hubo una incidencia y desmejora salarial por arte del patrono en detrimento del accionante. En tal sentido, dispone el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, que “Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como los recargos por días feriados, horas extras o trabajo nocturno, alimentación y vivienda...”. Todos estos importes y otros que podríamos añadir vienen a significar el Contenido de Salario, que como vemos en el artículo antes transcrito, se compone de muchos capítulos e importes. La periodicidad es el elemento característico de tales importes, para que configuren el concepto de salario. A tal efecto, nuestra legislación laboral clasifica el salario en Básico, Normal e Integral, los cuales son tomados en cuenta para los respectivos cálculos de Preaviso, Antigüedad, Días Adicionales de Antigüedad, Vacaciones, Bono Vacacional y Utilidades. La verdadera importancia de esta clasificación de salarios, radica en la forma de calcular las Prestaciones Sociales de los trabajadores al finalizar la relación laboral por cualquiera de las causales que contempla la Ley..
El Artículo 189 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “Se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono y no puede disponer libremente de su actividad y de sus movimientos...”. Así mismo, se entiende por Horas Extras o Extraordinarias, el tiempo que el trabajador labora en exceso de su jornada normal u ordinaria. Ahora bien, las Horas Extras o Extraordinarias, efectivamente forman parte del salario sólo para efectos del cálculo de Prestaciones Sociales con motivo de la terminación de la relación de trabajo.
Es evidente para quien decide, por cuanto así consta en autos, que los documentos consignados por la parte actora conjuntamente con el libelo de demanda, con el escrito de subsanación de cuestiones previas, así como los promovidos en su escrito de promoción de pruebas y correspondientes a los anexos marcados con las letras “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I” y “J”, emanan con fuerza y valor probatorio a tenor de lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido transcribe quien sentencia a continuación: “Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedidas por funcionarios competentes con arreglo a las leyes. Las copias o reproducciones fotostáticas, o por cualquier otro medio mecánico claramente intangible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, SI HAN SIDO PRODUCIDAS CON EL LIBELO, ya dentro de los cincos días siguientes si han sido producidas con la contestación o en EL LAPSO DE PROMOCIÓN DE PRUEBAS. Las copias de esta especie, PRODUCIDAS EN CUALQUIER OTRA OPORTUNIDAD, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte”; lo que obliga a este Juzgado a admitirlos como ciertos respecto a su autenticidad.
Ahora bien, se evidencia de Informe marcado con la letra “J” consignado por la parte actora, que el trabajador Luis Horacio Perdomo padece de una Hernia Discal L4-L5, permitiéndose este sentenciador transcribir parte del Informe presentado por el Médico Neurocirujano Doctor Daniel García Mariño, en el cual manifiesta que “...El paciente no presenta manifestaciones de incapacidad laboral (manejo). Se recomienda el evitar grandes esfuerzos como prevención a la reposición de su cuadro doloroso. Cuando aparezcan manifestaciones clínicas se sugieran indicación absoluta de cirugía se recomendará la misma”. En consecuencia, queda demostrado que el trabajador Luis Horacio Perdomo padece una Hernia Discal que le causa problemas de dolencia lumbar, motivo por el cual el Médico Neurocirujano que lo atendió recomendó evitar grandes esfuerzos como prevención a la reposición de su cuadro doloroso.
Bajo la lupa analítica de autos se evidencia, que dentro de la relación laboral hubo un procedimiento de calificación de despido por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Anzoátegui y que la demandada canceló los salarios caídos, acordó el reenganche, que se realizó por intermedio de la Inspectoría del Trabajo. Igualmente se evidencia, que la demandada reconoce haber emitido el memorándum por el cual se autoriza la transferencia de chofer de personal a chofer de compras. Vemos pues, que cuando la demandada realiza el reenganche del trabajador, este se produce en las mismas condiciones de lugar y ocupación en el que desempeñaba para el momento del despido; que con dicho memorándum interno, la empresa ordena la transferencia de chofer de personal a chofer de compras.
Delineada la presente controversia en los términos antes transcritos, procede este sentenciador a pronunciarse atendiendo a lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia para decidir observa: En primer lugar, existe la aceptación expresa de la demandada, que el trabajador fue transferido de chofer de personal a chofer de compras; que devengaba horas extras como chofer de personal; que fue transferido motivado a Informe del Medico Legista del Estado Anzoátegui en el cual se recomendaba realizar el menor esfuerzo posible por cuanto presentaba una hernia discal, lo que de alguna manera advierte a este Juzgador, que el thema decidendum está en determinar si verdaderamente se trata de una desmejora salarial como lo manifiesta Luis Horacio Perdomo.
Al admitir el trabajador que padece de una hernia discal, que el Médico Legista lo examinó y rindió Informe Médico por Orden de la Inspectoría del Trabajo y que le recomendó realizar el menor esfuerzo físico; entonces considera este sentenciador que el traslado del cargo de chofer de compras a chofer de personal; en nada desmejoran su condición de trabajador”.
Analizadas así las pruebas en la presente causa, concluye este sentenciador que el citado memorandum enviado al trabajador Luis Horacio Perdomo, mediante el cual se le participa que ha sido transferido de chofer de personal a chofer de compras, en nada altera las condiciones de trabajo del actor, por cuanto se justifica lo que aduce la accionada, referente a que el cambio se realizó a instancia de Informe emanado de la Inspectoría del Trabajo, y no puede entenderse, que el impedimento de laborar horas extras, atente contra las condiciones de trabajo o que sea una desmejora salarial. En cuanto al horario de trabajo el mismo está en perfecta armonía con la Ley Orgánica del Trabajo. Por lo tanto no se configura el elemento arbitrariedad, ya que dichas instrucciones no constituyen cambios arbitrarios a la forma de establecer la dependencia entre el trabajador y la Distribuidora Sal Bahía, C.A., por cuanto está demostrado en autos, que al trabajador no le fue exigido realizar un trabajo de índole distinto al que estaba obligado realizar; que se le haya reducido el salario básico; que se le haya transferido a un puesto de menor jerarquía o rango; o que se le haya impuesto un cambio arbitrario del horario de trabajo; pues, el trabajador manifiesta que no trabajó mas horas extraordinarias, las cuales se cumplen como exceso del horario normal de trabajo, motivo por el cual quien decide dictamina que no hubo ningún tipo de desmejora; y Así se deja establecido.
Por todo lo antes expuesto, resulta imperativo para este Juzgador, determinar, que la representación de la actora no probó de manera fehaciente que hubo una desmejora salarial por parte la demandada, lo que fuerza a concluir de todo ello, como en efecto concluye este Juzgador, que la presente demanda debe ser declarada SIN LUGAR; Y ASÍ SE DECIDE.
Capítulo IV
Dispositiva
Con fundamento a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Primero del Municipio Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil vigente, declara:
Primero: Se declara SIN LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano LUIS HORACIO PERDOMO LÓPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.576.259 y domiciliado en la ciudad de Barcelona, Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, representado por los abogados en ejercicio YRALETTY PAZO SANDÓ y OSCAR RODRIGUEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 87.414 y 55.051 respectivamente, con domicilio procesal el Escritorio Jurídico Asociación de Abogados de Oriente ubicado en la Calle Bella Vista cruce con Medianía, Local 10-A, Sector Bella Vista, Puerto La Cruz, Municipio Sotillo, Estado Anzoátegui, contra la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA SAL BAHÍA, C.A., empresa debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui bajo el Nº 9, Tomo 22-A, de fecha 06 de febrero de 1970 y ubicada en la Calle N° 3, Parcelas 26 y 28, Parcelamiento Industrial Barbacoa, Sector Los Potocos, Barcelona, Estado Anzoátegui, representada por abogados en ejercicio RICARDO CASTILLO SERRANO, KARINA RIOS MAC-LELLAN y ANA CAPAFONS MIRANDA, titulares de las Cédulas de Identidad N° 12.677.924, 13.639.527 y 12.576.969 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 88.068, 80.867 y 88.161 respectivamente.
Segundo: Se condena al ciudadano LUIS HORACIO PERDOMO LÓPEZ, antes identificado, a pagar las costas y costos procesales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Visto que la presente sentencia ha sido dictada fuera del lapso legal, se ordena notificar a las partes de conformidad a lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil vigente.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA Y NOTIFÍQUESE A LAS PARTES EN VIRTUD QUE LA PRESENTE DECISION SE DICTA FUERA DEL LAPSO LEGAL CORRESPONDIENTE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero del Municipio Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en la ciudad de Barcelona, a los ocho (08) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004), siendo las 12:00 m. horas. Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
EL JUEZ

La Secretaria
Magín Rigual Zamora López


Dra. Karellis Rojas Torres

En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior sentencia, siendo las doce horas meridiem (12:00 m.). Conste.-
La Secretaria,

Exp. Nº: 4402-02